Los centros de IA llevan el debate eléctrico al dominio eminente

El 16 de julio de 2026, un análisis jurídico volvió a poner sobre la mesa una consecuencia menos visible de la expansión de la IA: las líneas eléctricas que necesitan los centros de datos pueden cruzar terrenos privados, y en Estados Unidos algunas empresas de servicios públicos pueden recurrir al dominio eminente si no alcanzan acuerdos voluntarios. No es una autorización automática para quitar una propiedad ni una regla creada específicamente para la IA; es un debate sobre cómo se aplican unas facultades antiguas a una demanda eléctrica nueva.

Qué significa el dominio eminente

El dominio eminente permite a una administración adquirir propiedad privada para un uso público, con compensación, incluso sin el consentimiento del propietario. En muchos lugares, esa facultad puede delegarse a compañías eléctricas para construir infraestructuras de red. Pero la delegación no resuelve por sí sola cada caso: la empresa debe seguir los procedimientos aplicables y la finalidad pública, la compensación y los requisitos estatales pueden ser objeto de revisión.

Por eso conviene separar dos afirmaciones. Una línea de transmisión destinada a una zona con nuevos centros de datos puede requerir servidumbres o terrenos. Eso no significa que toda línea para un centro de datos privado cumpla automáticamente la condición de uso público. El análisis publicado el 16 de julio plantea precisamente esa pregunta, y recuerda que las normas estatales y las circunstancias del proyecto importan.

La IA aparece como nueva carga de la red

La discusión ha ganado intensidad porque los centros de datos de IA no son una carga eléctrica cualquiera. El Departamento de Energía de Estados Unidos describe los grandes centros de entrenamiento como instalaciones con miles de chips que trabajan en ciclos coordinados, una demanda dinámica que la red debe poder monitorizar y absorber. En su borrador de estudio de necesidades de transmisión, abierto a consulta pública en julio de 2026, el departamento cita el crecimiento de los centros de datos hiperescalables de IA entre los factores que empujan a ampliar y modernizar la red.

El documento no decide una ruta ni permite una expropiación concreta. Sí ofrece el contexto: durante décadas la demanda eléctrica creció con relativa lentitud; ahora la planificación tiene que considerar grandes cargas industriales, electrificación y centros de datos al mismo tiempo. Las líneas, subestaciones y generación asociada se convierten así en parte material de la carrera por la capacidad de cómputo.

Infraestructura en terrenos federales y red compartida

El 20 de julio, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear estadounidense anunció la selección de Amentum para negociar el desarrollo de un centro de datos de IA de un gigavatio y una fuente de energía in situ en Savannah River, Carolina del Sur. El anuncio prevé aproximadamente dos gigavatios de generación, primero con gas y después con energía nuclear, y subraya que aún no existe una adjudicación definitiva: quedan negociación, permisos, evaluaciones de seguridad y otras aprobaciones.

Ese caso utiliza terreno federal y energía junto al centro de datos, por lo que no demuestra cómo debe resolverse una controversia sobre propietarios privados. Pero ilustra por qué los promotores intentan combinar suelo, generación y cómputo. Si una parte mayor de la energía se produce en el propio emplazamiento, cambia la presión sobre algunas líneas; no desaparecen las necesidades de red ni los conflictos locales.

La pregunta correcta no es si la IA «puede expropiar»

Hablar de que «la IA expropia casas» simplifica demasiado. Los modelos no tienen poder legal y los centros de datos no reciben, por el mero hecho de ser de IA, un permiso especial para tomar terrenos. Lo que existe es una cadena de decisiones: previsiones de demanda, planificación de red, permisos, negociación con propietarios, normas estatales y, en algunos casos, tribunales.

El reto divulgativo consiste en no perder de vista ninguno de esos eslabones. La expansión de la IA está haciendo visible una cuestión que la transición energética y el crecimiento industrial ya planteaban: quién paga, dónde se construyen las infraestructuras y cómo se reparte el beneficio público. Las respuestas no vendrán de un titular sobre una expropiación inevitable, sino de expedientes concretos y de procesos públicos que siguen abiertos.