La UE acuerda su Ley de IA: qué quedó dentro y qué quedó fuera

El 8 de diciembre de 2023, después de una negociación que se prolongó durante tres días, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo político provisional sobre la Ley de Inteligencia Artificial. No era todavía una ley aprobada ni un texto aplicable: quedaban la redacción técnica, la confirmación por los representantes de los Estados y la adopción formal por ambas instituciones. Esa diferencia procesal es la primera clave para leer cualquier anuncio regulatorio sin convertir un hito en una obligación inmediata.

El Consejo describió el acuerdo el 9 de diciembre como un marco basado en el riesgo. No regula toda inteligencia artificial del mismo modo: prohíbe ciertos usos, exige controles a los sistemas de alto riesgo y reserva obligaciones de transparencia más ligeras para riesgos limitados. La pregunta útil, por tanto, no es solo «¿usa IA?», sino «¿qué uso concreto, quién lo despliega y qué daño puede producir?».

Un acuerdo político, no el final del procedimiento

El comunicado del Consejo deja claro el estado del expediente: los equipos técnicos debían finalizar los detalles durante las semanas siguientes y la Presidencia llevaría el texto de compromiso al Coreper, el comité de representantes permanentes, para su aprobación. Después llegarían los votos formales. El propio acuerdo preveía que la norma se aplicase, con excepciones, dos años después de su entrada en vigor. Acuerdo, adopción, entrada en vigor y fecha de aplicación son cuatro momentos distintos.

El Parlamento Europeo resumió el objetivo como proteger derechos fundamentales, democracia, Estado de derecho y sostenibilidad ambiental frente a sistemas de alto riesgo, sin cerrar el mercado a la innovación. Esa formulación tampoco significa que las instituciones hubieran resuelto cada detalle. En una negociación provisional, el comunicado permite conocer la arquitectura y las decisiones políticas; el articulado final es el documento que fija el alcance jurídico preciso.

Lo primero que debe leerse: dónde no se aplica

Antes de las prohibiciones conviene mirar las exclusiones. Según el alcance publicado por el Consejo, el reglamento no debía extenderse a materias fuera del derecho de la Unión ni afectar a las competencias nacionales en seguridad nacional. También quedaban fuera los sistemas usados exclusivamente con fines militares o de defensa, los dedicados únicamente a investigación e innovación y el uso no profesional por personas.

Una exclusión no declara que un uso sea seguro ni ético. Dice que esta norma concreta no lo cubre, o no lo cubre de la misma manera. Esa distinción evita un error frecuente: leer «fuera del ámbito» como «autorizado sin límites». La protección de datos, el derecho sectorial y otras obligaciones continúan existiendo; el acuerdo incluso aclaraba cómo debían relacionarse las responsabilidades de la Ley de IA con esas normas previas.

La escalera de riesgo

En la parte superior están las prácticas consideradas inaceptables. El acuerdo incluía la manipulación cognitiva del comportamiento, el rastreo indiscriminado de imágenes faciales de internet o de cámaras para crear bases de reconocimiento, el reconocimiento de emociones en centros de trabajo y educativos, la puntuación social, la categorización biométrica destinada a inferir datos sensibles y determinados usos de vigilancia policial predictiva sobre individuos.

Debajo están los sistemas de alto riesgo, que no quedan prohibidos. Pueden acceder al mercado si cumplen requisitos sobre gestión de riesgos, calidad de datos, documentación técnica, registro de actividad, información al responsable del despliegue, supervisión humana, precisión, robustez y ciberseguridad. El acuerdo también preveía una evaluación del impacto en derechos fundamentales antes de que determinados responsables pusieran un sistema de alto riesgo en servicio.

Los sistemas con riesgo limitado afrontan deberes más ligeros de transparencia. El ejemplo que ofrece el Consejo es informar de que un contenido ha sido generado por IA para que quien lo recibe pueda decidir con conocimiento. La clasificación no mide cuán impresionante es un modelo; conecta una función y un contexto con obligaciones concretas. El mismo componente puede quedar en categorías distintas cuando se integra en usos diferentes.

Biometría: prohibición con excepciones

La identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos para fines policiales no quedó descrita como una prohibición absoluta. El Parlamento enumeró excepciones estrechas, sujetas a autorización judicial previa y ligadas a objetivos definidos: localizar víctimas de ciertos delitos, prevenir amenazas genuinas y previsibles como un atentado terrorista o buscar sospechosos de los delitos más graves.

Ese matiz explica la crítica de organizaciones de derechos digitales. European Digital Rights (EDRi) reconoció avances, pero sostuvo que las excepciones abrían una vía para usos discriminatorios y de vigilancia masiva. También señaló límites parciales: el reconocimiento de emociones se prohibía en trabajo y educación, no en todos los contextos; la vigilancia predictiva no desaparecía en todas sus formas; y aún faltaba leer el texto técnico para medir el alcance real.

Ambos enunciados pueden ser ciertos a la vez: existe una prohibición general y existen excepciones. Quien borra una de las dos partes convierte una regla condicionada en un eslogan. Para evaluar una salvaguarda hay que preguntar quién autoriza, con qué finalidad, durante cuánto tiempo, sobre qué población y qué vía de impugnación conserva la persona afectada.

Modelos de propósito general

La negociación incorporó reglas para sistemas de propósito general y modelos fundacionales, una materia que había ganado peso desde la propuesta inicial de 2021. El Consejo anunció obligaciones de transparencia antes de su comercialización y un régimen más estricto para modelos de gran impacto capaces de propagar riesgos sistémicos por la cadena de valor. El Parlamento añadió evaluaciones, mitigación de riesgos, información sobre incidentes, ciberseguridad y eficiencia energética para el nivel sistémico.

Esta capa no sustituye la clasificación del producto que utiliza el modelo. Un proveedor de propósito general responde por sus obligaciones; quien lo integra en contratación, crédito, educación o una infraestructura crítica puede asumir otras como proveedor o responsable del despliegue de un sistema de alto riesgo. El acuerdo intentaba repartir responsabilidades en una cadena donde el creador del modelo y quien decide el uso final no siempre son la misma organización.

Qué dijeron las empresas, y qué no dijeron

No existe en las fuentes primarias consultadas una aceptación conjunta de IBM, Meta, AMD, Intel y Dell de este acuerdo. Esas entidades aparecen juntas porque el 5 de diciembre, antes del pacto legislativo, IBM y Meta anunciaron la AI Alliance con más de 50 miembros. Su comunicado habla de ciencia abierta, evaluación y herramientas responsables; no presenta la alianza como respaldo a la Ley de IA.

La reacción empresarial documentada fue más matizada. DIGITALEUROPE, una asociación del sector, llamó al acuerdo un hito y dijo que un marco bien ejecutado podía favorecer la adopción y la innovación. A la vez, criticó las nuevas obligaciones para modelos fundacionales y advirtió que el cumplimiento podía desviar recursos, especialmente en pequeñas empresas de software. Es apoyo a una regla común acompañado de una disputa sobre coste y diseño, no aceptación sin reservas.

Gobernanza, reclamaciones y sanciones

El compromiso preveía una Oficina de IA dentro de la Comisión para supervisar los modelos más avanzados, apoyar estándares y pruebas y hacer cumplir las reglas comunes. Un panel científico independiente asesoraría sobre capacidades y riesgos; un Consejo de IA con representantes nacionales coordinaría la aplicación; y un foro de partes interesadas aportaría conocimiento de empresas, pymes, academia y sociedad civil.

También reconocía que una persona física o jurídica pudiera reclamar ante la autoridad de vigilancia del mercado. Las sanciones anunciadas distinguían la gravedad: hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación mundial anual por prácticas prohibidas; 15 millones o el 3 % por otras obligaciones; y 7,5 millones o el 1,5 % por información incorrecta, escogiendo la cantidad mayor. Para pymes y empresas emergentes se contemplaban topes más proporcionales.

La innovación no quedaba fuera del diseño. Los entornos controlados de pruebas o sandboxes debían permitir desarrollar, probar y validar sistemas, incluso con ensayos en condiciones reales bajo salvaguardas. El valor de esa herramienta depende de que una empresa pueda saber antes de lanzar qué categoría tiene su producto, qué evidencias debe conservar y quién evaluará su conformidad.

La capacidad que queda después del titular

Para leer bien una nueva regulación tecnológica, conviene construir una línea temporal y una matriz. La línea separa propuesta, acuerdo político, texto final, adopción, entrada en vigor y aplicación. La matriz cruza práctica prohibida, sistema de alto riesgo, riesgo limitado y modelo de propósito general con sus exclusiones, responsables y excepciones. Solo entonces tiene sentido hablar del efecto para una empresa o para un derecho.

Al 10 de diciembre de 2023, Europa había cerrado una negociación política decisiva, no terminado el trabajo jurídico ni activado todas las obligaciones. El acuerdo mostraba un método regulatorio duradero: no juzgar la IA por su etiqueta, sino por el uso, el riesgo y el actor que toma decisiones. También mostraba su límite: una protección puede parecer rotunda en el resumen y volverse condicional al leer las excepciones. Saber buscar esas condiciones es más útil que memorizar una lista de prohibiciones.