Biden firma la orden ejecutiva más ambiciosa de EE.UU. sobre IA
La Casa Blanca exige a los desarrolladores de los modelos más potentes compartir pruebas de seguridad con el Gobierno antes de su lanzamiento. Es la intervención regulatoria más ambiciosa de Washington sobre inteligencia artificial hasta la fecha.
El presidente Joe Biden firmó este lunes 30 de octubre una Orden Ejecutiva sobre inteligencia artificial que marca la intervención más ambiciosa de un gobierno occidental sobre esta tecnología hasta la fecha. El documento obliga a los desarrolladores de los sistemas de IA más potentes a notificar al Gobierno federal y a compartir los resultados de sus pruebas de seguridad antes de hacerlos públicos.
La orden llega dos días antes de que arranque en Bletchley Park, Reino Unido, la primera cumbre internacional de seguridad en IA, a la que asistirá la vicepresidenta Kamala Harris. La Casa Blanca ha querido llegar a ese encuentro con una posición de fuerza: mientras Europa negocia su Ley de IA y el Reino Unido organiza el diálogo diplomático, Washington impone ya obligaciones concretas a sus propias empresas.
Qué obliga a hacer la orden
El mecanismo central se apoya en la Ley de Producción de Defensa, una norma de la época de la Guerra de Corea que permite al Ejecutivo exigir información a empresas privadas por motivos de seguridad nacional. A partir de ahora, cualquier compañía que entrene un modelo fundacional por encima de un umbral de cómputo —fijado en 10 a la 26 operaciones de coma flotante, o 10 a la 23 para modelos centrados en secuencias biológicas— deberá informar al Gobierno del entrenamiento y compartir los resultados de sus pruebas de "red-teaming", el ejercicio en que expertos intentan provocar deliberadamente comportamientos peligrosos en un sistema antes de su lanzamiento.
Ese umbral, hoy, solo lo cruzan los modelos más grandes de laboratorios como OpenAI, Google DeepMind, Anthropic o Meta. La orden encarga además al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) desarrollar estándares rigurosos para esas pruebas de seguridad antes de que los modelos lleguen al público.
Marcado de contenido, biotecnología y ciberseguridad
El documento pide al Departamento de Comercio que desarrolle directrices para el etiquetado y marca de agua de contenido generado por IA, con el objetivo de que ciudadanos y autoridades puedan distinguir material sintético de material real. También ordena a distintas agencias evaluar cómo la IA puede facilitar el diseño de armas biológicas, químicas o nucleares, y establece nuevas salvaguardas para el uso de estos sistemas en infraestructuras críticas como redes eléctricas o suministro de agua.
La orden aborda igualmente el uso de la IA en ciberseguridad, tanto como herramienta de defensa como de ataque, y crea programas para que agencias federales prueben sistemas de IA antes de adoptarlos internamente.
Equidad, empleo y talento
Más allá de la seguridad técnica, el texto incluye disposiciones sobre protección de consumidores y trabajadores: pide a agencias federales desarrollar principios para evitar que algoritmos de contratación, vivienda o justicia penal discriminen por motivos raciales o de género, un problema documentado desde hace años en sistemas de scoring crediticio y reconocimiento facial.
La orden también busca facilitar la llegada de talento extranjero especializado en IA a Estados Unidos, agilizando visas para investigadores y expertos, en un movimiento que responde a la competencia global por atraer a los científicos que hoy escasean en el mercado laboral del sector.
De los compromisos voluntarios a la ley
Esta orden no aparece de la nada. En julio, la Casa Blanca ya había logrado que siete grandes compañías —entre ellas Google, Microsoft, Meta, Amazon, Inflection y la propia OpenAI y Anthropic— firmaran compromisos voluntarios de seguridad, transparencia y pruebas externas de sus modelos. Aquellos acuerdos carecían de mecanismos de cumplimiento: eran promesas, no obligaciones legales. La Orden Ejecutiva firmada hoy convierte buena parte de esas promesas en requisitos formales respaldados por la autoridad del Ejecutivo.
Es, con todo, una herramienta con límites. Una orden ejecutiva no es una ley aprobada por el Congreso: puede ser revocada por un futuro presidente con la misma facilidad con la que se firma, y su alcance depende de la capacidad de agencias como el NIST o el Departamento de Comercio para traducir sus mandatos en estándares técnicos concretos y verificables. La Casa Blanca lo presenta, aun así, como la acción gubernamental más completa jamás emprendida sobre inteligencia artificial, y como la prueba de que Estados Unidos quiere fijar las reglas antes de que lo haga nadie más.
Lo que ocurra en los próximos meses en el NIST y el Departamento de Comercio determinará si estos mandatos se traducen en estándares con dientes o quedan en un marco de intenciones. La cumbre de Bletchley Park, que arranca pasado mañana, será el primer escenario donde Washington intente convencer a sus aliados de seguir ese mismo camino.
