El Parlamento Europeo aprueba su posición sobre la Ley de IA

El 14 de junio de 2023, el Parlamento Europeo aprobó su mandato negociador sobre la Ley de IA; era una posición institucional, no todavía la norma definitiva.

El Parlamento Europeo ha aprobado hoy su posición negociadora sobre la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), el reglamento que aspira a convertirse en el primer marco legal integral del mundo para regular esta tecnología. La votación en el pleno de Estrasburgo ha salido adelante con 499 votos a favor, 28 en contra y 93 abstenciones, un respaldo amplio que da a los eurodiputados mandato para negociar el texto final con el Consejo de la UE y la Comisión Europea. Fuente primaria

Qué contiene el texto aprobado

La posición del Parlamento mantiene el enfoque de la propuesta original de la Comisión, presentada en abril de 2021: clasificar los sistemas de IA según su nivel de riesgo y aplicar obligaciones proporcionales a ese riesgo. Cuanto mayor el peligro potencial para los derechos y la seguridad de las personas, más estrictas las exigencias de transparencia, supervisión humana y evaluación previa.

La novedad más relevante respecto a la propuesta inicial es la incorporación de reglas específicas para los llamados modelos de IA generativa y los modelos fundacionales, la categoría a la que pertenecen sistemas como GPT-4 o Stable Diffusion. Los eurodiputados han acordado que las empresas que desarrollen este tipo de modelos deberán señalar de forma clara qué contenidos han sido generados por inteligencia artificial, diseñar los sistemas para evitar la generación de contenido ilegal y publicar resúmenes de los datos protegidos por derechos de autor utilizados para entrenar sus modelos. Este último punto responde directamente a la polémica que ha rodeado en los últimos meses a herramientas de generación de texto e imagen, acusadas por autores, ilustradores y editoriales de haberse entrenado con obras protegidas sin autorización ni compensación.

Las prohibiciones que introduce el Parlamento

El texto votado hoy amplía la lista de usos prohibidos que ya figuraba en la propuesta de la Comisión. Entre las prácticas que la Eurocámara quiere vetar están la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos, los sistemas de reconocimiento de emociones en el ámbito laboral, educativo, policial, de gestión de fronteras y de aplicación de la ley, la categorización biométrica basada en características sensibles como la orientación sexual o la religión, y los sistemas de policía predictiva basados en perfiles o localización.

Esta ampliación de las prohibiciones ha sido uno de los puntos más discutidos durante la negociación interna entre los grupos parlamentarios, con partidos como el Partido Popular Europeo defendiendo excepciones para fuerzas de seguridad que finalmente no han prosperado en la versión aprobada.

Por qué importa este voto

La Unión Europea lleva más de dos años trabajando en este reglamento, que aspira a convertirse en un estándar de referencia global de forma similar a como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) marcó pauta internacional en materia de privacidad a partir de 2018. El Consejo de la UE, que representa a los gobiernos de los Estados miembros, ya había fijado su propia posición general en diciembre de 2022. Con el voto de hoy, las tres instituciones europeas —Parlamento, Consejo y Comisión— entran en la fase de trílogos, las negociaciones a tres bandas en las que se cerrará el texto definitivo del reglamento.

El calendario político añade presión a este proceso: España asume la presidencia rotatoria del Consejo de la UE el próximo mes de julio, y el Gobierno español ha expresado su intención de impulsar el cierre de las negociaciones durante su semestre al frente de la institución, antes de que las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 compliquen la agenda legislativa.

Lo que queda por decidir

Los puntos más delicados de la negociación siguen abiertos. Consejo y Parlamento parten de posiciones distintas en asuntos como el alcance exacto de las obligaciones para los modelos fundacionales, el tratamiento que deben recibir las pequeñas y medianas empresas que integran estos sistemas sin haberlos desarrollado ellas mismas, y el papel que tendrán las autoridades nacionales frente a una eventual oficina europea de supervisión de la IA.

Mientras estas negociaciones avanzan, la ley seguirá sin aplicarse durante meses, incluso años: una vez acordado el texto final, el reglamento contempla habitualmente periodos de adaptación de dos años antes de entrar en vigor plenamente. Para las empresas que ya despliegan sistemas de IA generativa en Europa, el mensaje de hoy es claro: las reglas del juego están tomando forma, y la transparencia sobre el origen de los datos de entrenamiento y el contenido generado por máquinas dejará de ser una opción voluntaria para convertirse en obligación legal.

La primera pregunta es qué versión del texto estamos leyendo

En un expediente legislativo, “la Ley de IA dice” puede ocultar varias etapas distintas. La Comisión propone, el Consejo fija una posición de los Estados, el Parlamento aprueba enmiendas y después las instituciones negocian. El texto adoptado por el Parlamento permite comprobar las palabras votadas aquel día; la nota de prensa resume prioridades. Ninguno de los dos, por sí solo, era todavía una obligación aplicable a una empresa.

La ficha mínima de lectura debe incluir institución, fecha, tipo de documento y fase. También conviene guardar el número del procedimiento y localizar el artículo o enmienda que sostiene cada afirmación. Así se evita mezclar una prohibición defendida por el Parlamento con la redacción final que pueda resultar de los trílogos. Una mayoría amplia otorga mandato político, pero no elimina los cambios posteriores.

El enfoque por riesgo tampoco clasifica una empresa entera. Clasifica usos o sistemas según su finalidad y contexto. La misma técnica puede quedar fuera de una categoría en una herramienta creativa y entrar en obligaciones estrictas si participa en contratación, crédito, educación o servicios esenciales. Para quien compra software, la pregunta útil es qué decisión ayuda a tomar, sobre quién y con qué consecuencias.

Cómo preparar un inventario antes de que llegue una norma

Una organización no necesita adivinar el texto final para reunir hechos. Puede listar cada sistema, proveedor, finalidad, datos usados, personas afectadas, supervisión humana y forma de impugnar un resultado. Después enlaza contratos, evaluaciones y registros de cambios. Ese inventario permite adaptar controles cuando cambian las categorías legales sin empezar de cero.

También hay que separar obligaciones del proveedor y del desplegador. Quien entrena un modelo general conoce unas propiedades; quien lo integra en un proceso laboral o educativo conoce el contexto y el daño posible. Un resumen periodístico que diga simplemente “las empresas deberán” borra esa distribución de responsabilidades.

La capacidad transferible es fechar y etiquetar cualquier afirmación regulatoria. Antes de actuar, pregunta quién aprobó el documento, en qué fase, qué versión está abierta y qué artículo contiene la regla. Si no se puede responder, probablemente se está tratando una propuesta política como derecho vigente.

La fecha de aplicación merece su propia línea temporal. Publicación, entrada en vigor y exigibilidad de obligaciones pueden ocurrir en momentos distintos, con excepciones o periodos transitorios. Por eso una empresa debe guardar la fuente oficial y revisar el calendario, no deducirlo de una noticia antigua. El método sirve para cualquier regulación tecnológica: versión, actor obligado, conducta exigida, fecha y autoridad de control en columnas separadas.

Los resúmenes de prensa siguen siendo útiles para orientarse, pero el trabajo decisivo ocurre al abrir el documento enlazado y buscar el término concreto. La combinación correcta es noticia para localizar, texto oficial para verificar y asesoramiento especializado para una aplicación jurídica real. Ninguna de las tres piezas sustituye a las otras ni congela una versión futura.