Una ley propuesta busca pausar nuevos centros de datos de IA en EE. UU.

El 21 de julio de 2026, la congresista estadounidense Terri Sewell anunció que copatrocina la Artificial Intelligence Data Center Moratorium Act. El nombre puede sugerir una prohibición ya en vigor, pero no lo es: se trata de H.R. 9442, un proyecto que Alexandria Ocasio-Cortez presentó en la Cámara de Representantes el 24 de junio y que fue remitido a comités. No ha sido aprobado por el Congreso ni firmado como ley — y esa diferencia, entre un proyecto y una ley, es la capacidad que se lleva usted de este caso.

Qué dice el texto, con sus umbrales

El texto del proyecto es más preciso que su apodo. Su título oficial es «imponer una moratoria a la construcción de nuevos centros de datos hasta que se promulgue legislación que proteja al público de los peligros de la inteligencia artificial». La medida congelaría, desde su entrada en vigor, «la construcción o la ampliación de centros de datos de IA nuevos o existentes» — de modo que no ordena cerrar los que ya operan, pero sí frenaría las ampliaciones grandes de los actuales, un alcance mayor del que sugiere la palabra «nuevos».

Y define con números qué cuenta como uno de esos centros, que es donde una ley se vuelve concreta. Queda cubierta una instalación que ocupe un emplazamiento único o varios contiguos bajo la misma propiedad y que cumpla un umbral de potencia: una capacidad máxima o carga pico superior a 20 megavatios, o bien la capacidad de entregar 20 kilovatios o más a un solo bastidor de servidores con refrigeración especializada —circulación de líquido o inmersión—, siempre que se use «para el desarrollo o la operación de modelos de IA a escala». Ese doble criterio —potencia total o densidad por bastidor— está pensado para alcanzar tanto las naves enormes como las salas pequeñas pero muy densas donde se entrena IA. Conviene traducir los números para el lector: 20 megavatios es el consumo de miles de hogares, la escala de un centro de entrenamiento serio, no la de un armario de servidores de oficina. Y el segundo criterio, los 20 kilovatios por bastidor con refrigeración líquida, es una descripción casi literal de los racks de GPUs modernos, tan densos que el aire ya no basta para enfriarlos. Al fijar ahí la línea, el proyecto no persigue cualquier centro de datos: apunta específicamente a la infraestructura de IA de alta densidad, y deja fuera el alojamiento web convencional.

Una pausa con una puerta de salida muy exigente

La moratoria no es indefinida por capricho: termina cuando el Congreso apruebe una ley que la levante expresamente y que aborde una lista de condiciones nada menor. El texto exige una revisión federal previa a la comercialización que apruebe la seguridad de los productos de IA; mecanismos de reparto de la riqueza para que las ganancias de la IA lleguen a los trabajadores y no solo a los dueños de la tecnología; y un paquete de salvaguardas posteriores: que no suban las facturas de electricidad, que no haya daño ambiental, derecho de las comunidades a aprobar los proyectos, ausencia de subsidios públicos y empleo sindicado con salarios de referencia. La aplicación recaería en el Secretario de Energía, con informes públicos trimestrales y potestad de verificación que incluye citaciones e inspecciones.

Leído entero, el proyecto no es una pausa técnica: es una condición política amplia. Levantar la moratoria exigiría que el Congreso legislara sobre seguridad de producto, energía, medio ambiente, subsidios y derecho laboral a la vez. Esa ambición es, a la vez, el argumento de sus defensores y la razón por la que su tramitación sería difícil. Merece la pena notar el orden lógico que impone: primero se para, y solo después, cuando exista la ley protectora, se reanuda. Es lo contrario del enfoque habitual —construir y regular sobre la marcha—, y esa inversión es justo lo que lo vuelve tan combativo como improbable en su forma actual.

En qué punto del proceso está —y por qué importa

La noticia es un movimiento legislativo, no una regulación aplicable, y el estado del trámite lo confirma. H.R. 9442 fue remitida a dos comités de la Cámara —el de Energía y Comercio y el de Asuntos Exteriores—, y la mayoría de los proyectos no salen nunca de esa fase. Existe además una versión gemela en el Senado, S. 4214, presentada en marzo y remitida a su comité competente; que la del Senado sea anterior a la de la Cámara indica que la idea llevaba meses circulando antes del anuncio de julio. Para convertirse en ley, un texto idéntico tendría que superar los comités, votarse en el pleno de ambas cámaras y ser firmado por el presidente. Presentar el proyecto como una moratoria inmediata confundiría el estado del proceso.

Los dos comités a los que se remitió dicen algo del encuadre. Que uno sea el de Energía y Comercio es esperable: la medida es, en el fondo, sobre electricidad. Que el otro sea el de Asuntos Exteriores es más llamativo, y sugiere que sus autores enmarcan la carrera por la infraestructura de IA como un asunto también de competencia entre países, no solo de zonificación local. Una remisión doble reparte el proyecto entre jurisdicciones distintas y, en la práctica, multiplica los puntos donde puede quedarse parado: cada comité es una puerta que hay que cruzar, no una sola.

De ahí sale la ficha para leer cualquier titular legislativo: distinga «se presentó un proyecto» de «se aprobó una ley»; un título como «Moratorium Act» describe la intención de sus autores, no el derecho vigente; «remitido a comité» es el principio del camino, no el final; y una versión en cada cámara no es doble avance, sino dos trámites que aún deben converger en el mismo texto. La versión de la Cámara la impulsa Ocasio-Cortez, con Sewell entre sus copatrocinadores; que exista no demuestra que su diagnóstico lo comparta la mayoría legislativa.

Por qué la infraestructura entró en la política de IA

El debate desplaza la atención desde los modelos hacia la infraestructura que permite entrenarlos y operarlos. Los centros de datos requieren suelo, energía, agua y redes; esas decisiones se toman cerca de comunidades concretas, aunque sus servicios se usen a escala global. Que el texto fije el umbral en potencia eléctrica —y no en metros cuadrados ni en número de servidores— dice algo de fondo: el recurso en disputa es la electricidad, y por eso la aplicación se encomienda al Secretario de Energía y no a un regulador tecnológico. No es un detalle menor de fontanería administrativa: significa que quien vigilaría el cumplimiento es la misma cartera que gestiona la red y sus tensiones, y que las cifras de referencia del proyecto —20 megavatios, 20 kilovatios por bastidor— son las de un ingeniero eléctrico, no las de un informático.

Que una propuesta exista no demuestra que su diagnóstico sea compartido, pero sí muestra que el despliegue físico de la IA ha entrado en la discusión sobre recursos, facturas y reparto de beneficios. La pregunta que abriría una tramitación seria no es solo cuántos centros se construyen, sino qué transparencia, qué evaluación de impacto y qué participación pública se exigen antes de hacerlo. Hasta que eso se vote, lo honesto es contar el proyecto como lo que es: una propuesta con un texto concreto y un largo camino por delante.

Fuentes

• Registro oficial de H.R. 9442 (govinfo)
• Texto íntegro de H.R. 9442
• Registro oficial de S. 4214 (versión del Senado)
• Comunicado de Alexandria Ocasio-Cortez
• Comunicado de Terri Sewell