Musk demanda a OpenAI y acusa a Altman de traicionar su misión

Elon Musk ha demandado a OpenAI, a su consejero delegado Sam Altman y a su presidente Greg Brockman. El cofundador de la organización sostiene que la empresa ha incumplido el acuerdo que dio origen a OpenAI: desarrollar inteligencia artificial avanzada para beneficio de la humanidad, no para maximizar ingresos.

La demanda, presentada ante un tribunal de San Francisco, convierte una disputa sobre la dirección de OpenAI en un asunto judicial. También sitúa en el centro la relación de la compañía con Microsoft, su principal socio tecnológico y financiero, y el creciente secretismo alrededor de sus modelos más potentes.

De laboratorio abierto a empresa de beneficio limitado

OpenAI nació en diciembre de 2015 como una entidad sin ánimo de lucro. Musk participó en su creación junto a Altman, Brockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba y otros investigadores y empresarios. Su propósito declarado era investigar la inteligencia artificial de forma que beneficiase al conjunto de la humanidad.

En aquella etapa, el nombre no era un detalle menor. OpenAI publicó investigaciones, código y modelos, en contraste con la estrategia más cerrada de grandes laboratorios como Google o Facebook. La idea era que una tecnología con capacidad para transformar la economía, la ciencia y la seguridad no quedase bajo el control exclusivo de una empresa.

En 2019, OpenAI creó una filial con ánimo de lucro limitado, OpenAI LP, para atraer el capital necesario para entrenar modelos de gran tamaño. La entidad sin ánimo de lucro, OpenAI Inc., quedó formalmente al mando de esa estructura. La compañía argumentó entonces que desarrollar sistemas avanzados requería inversiones de miles de millones de dólares en chips, centros de datos y personal especializado.

Ese cambio es el núcleo del conflicto. Musk afirma que el modelo de beneficio limitado y la estrecha colaboración con Microsoft han desplazado el objetivo fundacional de la organización. Sus acusaciones tendrán que ser probadas durante el proceso judicial.

GPT-4 y Microsoft, en el centro de la acusación

La demanda presenta GPT-4 como la prueba de ese giro. OpenAI lanzó este modelo en marzo de 2023 y lo puso a disposición de clientes de pago mediante ChatGPT Plus y su interfaz para desarrolladores. A diferencia de modelos anteriores de la organización, OpenAI no publicó los detalles técnicos esenciales de GPT-4, como su arquitectura, sus datos de entrenamiento o su tamaño.

Musk sostiene que OpenAI ha tratado GPT-4 como una tecnología propietaria y que ello contradice la promesa de trabajar de manera abierta. También alega que el modelo se acerca a la inteligencia artificial general, o AGI por sus siglas en inglés: una IA capaz de resolver tareas intelectuales muy distintas con un nivel comparable al humano. No existe una definición técnica ni un test universalmente aceptado para determinar cuándo un sistema alcanza esa categoría.

Microsoft es relevante por dos motivos. La compañía anunció una inversión de 1.000 millones de dólares en OpenAI en 2019 y amplió su relación en 2023 con una nueva inversión plurianual y multibillonaria. Además, Azure, la plataforma de computación en la nube de Microsoft, proporciona la infraestructura con la que OpenAI entrena y sirve sus modelos.

El acuerdo ha permitido llevar ChatGPT y GPT-4 a cientos de millones de usuarios y ha integrado tecnología de OpenAI en productos como Bing y Microsoft 365. Pero también ha alimentado la discusión sobre si OpenAI mantiene una autonomía real frente a uno de los mayores grupos tecnológicos del mundo. Microsoft no figura como demandada en esta causa.

Qué pide Musk al tribunal

Musk reclama que OpenAI, Altman y Brockman dejen de beneficiarse de la tecnología desarrollada por la organización cuando esa tecnología esté fuera del propósito original sin ánimo de lucro. Solicita también que se impida a OpenAI y a Microsoft usar con fines comerciales modelos como GPT-4 si se determina que han alcanzado el nivel de AGI contemplado en los acuerdos fundacionales.

La demanda incluye acusaciones de incumplimiento de contrato, incumplimiento del deber fiduciario y competencia desleal. La cuestión inicial será si los documentos y conversaciones entre los fundadores constituyen un contrato exigible ante un tribunal y qué obligaciones concretas imponían a OpenAI.

Musk abandonó el consejo de administración de OpenAI en 2018. Desde entonces ha criticado repetidamente a la organización y, el pasado año, lanzó xAI, una empresa competidora que desarrolla el asistente Grok. Esa rivalidad no invalida por sí sola sus argumentos legales, pero añade un evidente contexto empresarial a un litigio que afecta a uno de los laboratorios más influyentes del sector.

Un debate que va más allá de OpenAI

El caso enfrenta dos formas de entender el desarrollo de la IA. Una prioriza la apertura de la investigación y la distribución amplia de sus capacidades. La otra sostiene que los modelos más avanzados exigen recursos tan elevados y plantean riesgos tan serios que necesitan estructuras empresariales, acceso restringido y controles de seguridad.

OpenAI tendrá que responder a las alegaciones ante el tribunal. Mientras tanto, la demanda deja una pregunta incómoda para todo el sector: cuando una organización creada para investigar en beneficio público necesita miles de millones para competir, ¿qué mecanismos garantizan que su misión siga teniendo prioridad sobre sus intereses comerciales?

La resolución puede tardar años, pero el procedimiento ya obliga a examinar una tensión que se ha vuelto central en la carrera por la IA: quién financia los modelos más capaces, quién los controla y bajo qué reglas se ponen a disposición del público.